La amazonía es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Se registra que es hábitat de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, cerca de 1.500 aves, 550 de reptiles, 500 mamíferos y lugar de residencia de aproximadamente un millón de personas pertenecientes a poblaciones indígenas. Lo que la acredita con el título de pulmón del mundo por ser la selva tropical más grande.
Desafortunadamente, los últimos días ha sido tema de noticia y conversación por los cientos de incendios que se originaron e hicieron que ardiera la selva brasilera, paraguaya y boliviana.
Brasil registra todos los años cientos de incendios forestales, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, entre enero y agosto de 2019, el número de estos en el país carioca aumentó cerca de un 84% respecto al mismo periodo del anterior.
Estos eventos suelen presentarse por la temporada seca, ya que el viento y el calor los expanden, pero iniciar el fuego es trabajo humano: sea intencional o accidental.
Los agricultores suelen iniciar quemas para despejar un área que primero talan, y luego usan para criar ganado y realizar cultivos específicos. Además, el cambio climático ha hecho que la selva sea más inflamable; la reducción de la lluvia a nivel local permite que el bosque se vuelva más seco.
Los incendios llevan a la pérdida de miles de especies, y la falta de planificación del país dificulta la prevención de nuevos desastres naturales. Pero ¿cómo conociendo la importancia y potencia de la región amazónica, no existe planeación para el manejo, conservación y prevención de desastres en el área? La respuesta es sencilla, a diferencia de los incendios que se desatan cada verano en Europa, los del territorio amazónico han sido muy poco estudiados. Las investigaciones existentes del área aseguran que las llamas naturales en esta selva no son frecuentes, y además la amazonía cuenta con una barrera natural contra el fuego.
Tampoco existe una intención política permanente de reducción de la deforestación ni la insistencia en programas de uso sostenible de la Amazonia, en especial la brasileña. Además, los datos existentes en Sur América sobre esta región, son inconstantes y dificulta la proyección de mantenimiento y protección.
De los 7,4 millones de kilómetros cuadrados que son la cuenca del amazonas, y que cubren el 40% de América Latina, solo el 28%, es decir, 2,1 millones de kilómetros se encuentran protegidos.
La realidad del cambio climático y la intensidad de los desastres naturales genera un nuevo panorama, así es difícil de predecir qué tan altos pueden ser los costos de los incendios en términos de vidas humanas, daños materiales y consecuencias económicas.
Hay que medir efectos directos e indirectos para generar programas de reconstrucción o respuesta a las catástrofes, que claramente incrementarán el gasto público y produce efectos en el crecimiento de los países afectados. En estudios realizados por las Naciones Unidas y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, en el 2017, la tasa de variación anual del PIB real per cápita de las naciones afectadas, “registra una respuesta negativa en promedio cercana a 1,0 punto porcentual, siendo estadísticamente significativa en el tercer año después de la perturbación”.
En cuestiones de daños ambientales, Colombia ha sido estudiado por The Nature Conservancy (TNC por sus siglas en inglés), una organización científica que puso sus ojos en el país por la gran riqueza en biodiversidad. Aunque la información en Colombia sobre los impactos ambientales es incipiente, TNC ha logrado desarrollar e implementar herramientas tecnológicas que permiten calcular el impacto negativo producto de la deforestación o la minería ilegal, y coinciden con que estas prácticas generan balances perjudiciales para el país, perdiendo bosques, ríos, biodiversidad. Esto obliga a invertir en el mediano plazo mayor dinero en salud pública para tratar enfermedades, debido al deterioro ambiental producido.
La tasa de deforestación en Colombia viene aumentando en los últimos años debido a la excesiva praderización, ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, desarrollo de infraestructura vial, extracción de minerales y recursos naturales e incendios forestales.
Preocupa que el 95% de esa tala descontrolada se encuentra concentrada en 7 departamentos del país: Caquetá, Chocó, Meta, Antioquia, Norte de Santander, Guaviare y Putumayo, correspondiendo el 60,2% al Amazonas.
En Caldas, la deforestación es especialmente crítica en algunos municipios del Oriente, Norte y Occidente del departamento. De acuerdo con la Estrategia Integral de Control a la Deforestación del IDEAM y el Ministerio del Medio Ambiente, en el Departamento se deforestaron durante el año 2016 472 hectáreas, una considerable disminución si se comparan con las hectáreas deforestadas en 2014. Sin embargo, lo ideal es que este número sea lo más bajo posible especialmente en áreas con alto potencial ambiental.
Dada la importancia y la coyuntura, será necesario continuar estudiando con mayor profundidad este tema en cada país, con el fin de medir el impacto macroeconómico de los desastres y así apoyar la formulación de políticas para la reducción del riesgo de desastres.
